Con la renuncia de Rondeau se suprime el Directorio y a su vez se disuelve el Congreso, exigencias éstas solicitadas por los caudillos federales, quienes también desconocen la autoridad que pretende ejercer el Cabildo; reclamando la creación de una Junta de Representantes y la elección de un gobernador legal a efectos de llegar a un acuerdo de paz.

Una vez formada la Junta de Representantes asume el poder y elige gobernador a Manuel de Sarratea, partiendo éste el 21 de febrero de Buenos Aires para reunirse con Ramírez, el cual se hallaba acampado en el Pilar. El doctor Vicente Fidel López, testigo presencial de ciertos hechos, siendo un niño traza la siguiente semblanza del gobernador Sarratea y de la entrevista de éste con Ramírez: "vivo y ágil, tenía la más completa tranquilidad para acceder y faltar a toda clase de compromisos. Soltaba las palabras, las promesas, los arreglos y las conveniencias, accediendo siempre a todo aquello que podía sacarlo de la dificultad presente; y contando con que, por los mismos juegos, podía salir de todas las dificultades, cualquiera que fuese el que se clavase, o la deslealtad que lo pusiese a sus anchas. Por sorprendentes que sean estas habilidades en el manejo de los expedientes, rebajan indudablemente el nivel moral de los hombres que las tienen, y casi nunca pasan a ser instrumentos poco apreciables. Pero no hay que negar que, en muchas ocasiones, despejan dudas y sirven para poner expedita la vía".

Entraba, pues, Sarratea en el campo de los montoneros, se hizo recibir bien y lo prometió todo con exquisita facilidad. No existe ningún documento que ponga en claro como se desarrollan las conversaciones previas a la firma del tratado de paz. Pero, por lo que resulta al término de ellas, puede suponerse que las exigencias de Ramírez son de naturaleza muy diversa. Unas, de fondo, se relacionan con el contenido del tratado en trámite. Otras, más bien de forma, corresponden al pago de "los gastos de la guerra", que en este caso, como en casi todos los de la historia, al término de una contienda, han de correr a cargo del vencido, en esta oportunidad, Buenos Aires. Ramírez reclamaba, dinero, soldados para él y para su lugarteniente el militar chileno José Miguel Carrera, fusiles, sables, municiones, monturas y algunas embarcaciones de la escuadrilla porteña, para trasladar todos estos elementos a la provincia de Entre Ríos.

Sarratea acepta todas las condiciones que el vencedor impone, pero cuando Ramírez habla de penetrar en Buenos Aires con sus tropas, y de la necesidad de que sea disuelta la Junta de Representantes, Sarratea comienza a poner reparos, aunque sin negarse a nada, respondiendo, y estas también son las palabras del doctor Vicente Fidel López, que "en cuanto a fusiles, sables, municiones, monturas, escuadrillas y dinero, ninguna dificultad se ofrecería; pero el ejército federal no debía pretender por lo pronto entrar a la ciudad; porque con eso se corría el riesgo de indignar el orgullo de los porteños, sin ventaja positiva. El sabía que la Junta de Representantes estaba compuesta por enemigos suyos y de los federales; pero sólo haciendo la paz podía asegurarse bien como gobernador, y contar con fuerza moral y partido para cambiar completamente esos estorbos".

Ramírez acepta estos razonamientos y el 23 de febrero de 1820 acepta firmar con Sarratea el histórico Tratado del Pilar, el cual contiene dos partes: pública la una, secreta la otra. La parte que se hace pública no contiene una cláusula que merezca la más remota crítica, ni de parte de los más enconados enemigos de los jefes federales que lo imponen.

El doctor Vicente Fidel López, siempre dispuesto a encontrar irregularidades en los procedimientos de Ramírez, admite que la principal - él dice única - importancia del Tratado impuesto por el caudillo entrerriano consiste "en el propósito intimo que revelan los pueblos disidentes de reconstruir su preciosa nacionalidad. Ninguno renegaba de ser argentino, ninguno pretendía formar republiquita, sino que miraban como una gloriosa herencia de todos la comunidad de la patria y la unidad del carácter nacional. Este organismo íntimo de la vida argentina, respetado por los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe, fue consagrado por el convenio del Pilar como una aspiración nativa de los pueblos".

El general Mitre, también enemigo de aquel, pero mucho más sereno y ecuánime en sus juicios, sostiene que ese Tratado es: "la piedra fundamental de la reconstrucción argentina bajo la forma federal". Y luego agrega que: "esa Convención revela un plan de organización futura, traza rumbos generales, establece nuevas relaciones políticas entre los pueblos, y fija reglas generales de derechos políticos con propósitos coherentes. Es un nuevo pacto político con arreglo a un nuevo sistema de Gobierno que, de hecho, tiende a convertirse en derecho. Dos grandes principios dominan ese Tratado: la nacionalidad y la federación. Las partes contratantes, interpretando el voto de la nación, se reconocen parte integrante de la nacionalidad argentina, y al firmar la paz, sellan nuevamente la unión, considerando el aislamiento como un accidente pasajero. Admiten la federación simplemente como un hecho, y libran su resolución a lo que en definitiva declaren los diputados de los pueblos libremente elegidos, sometiéndose de antemano a sus deliberaciones".